Acceder a la información es un derecho básico y tan fundamental como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Sólo a través del correcto ejercicio de conocimiento de los derechos, las obligaciones y sus consecuencias, las personas actúan con libertad. Hacer efectivo este derecho implica la obligación del Estado de brindarlo y promoverlo, a través de mecanismos, tanto judiciales como administrativos, que son determinantes para el respeto y garantía de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables.