El Derecho Administrativo Sancionador, en consonancia con el incremento de las funciones de la Administración Pública, tiene una enorme relevancia en el Estado contemporáneo. En particular, el ejercicio del poder de policía exige una Administración eficiente, que cuente con las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus reglamentaciones por parte de los sujetos obligados. La revisión de las sanciones administrativas constituye una porción cuantitativamente importante de la tarea de los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo, y ello tiene lugar en un marco en que el crecimiento de las funciones estatales de regulación y control hacen necesaria una mejora de las capacidades institucionales para lograr una Administración Pública eficiente y comprometida con la satisfacción de los intereses públicos, aunque también respetuosa de los derechos de las personas. En esa dirección, además de brindar una conceptualización y examinar las regulaciones formales de las infracciones administrativas en su especificidad, esta obra se concentra en los efectos prácticos que tiene para los profesionales del Derecho la existencia de un doble grupo de ilícitos (penales y administrativos) en la estructura constitucional de nuestro país, dada la reserva del legislador nacional en lo que respecta a la tipificación de delitos. Así, es dable destacar el esfuerzo del autor por coordinar la comprensión tradicional del principio de legalidad con la jurisprudencia interamericana que ?como ha dicho la Corte Suprema? ha de servir de guía para la interpretación de las obligaciones estatales en materia de Derechos Humanos; así como su consideración acerca de lo resuelto por el Máximo Tribunal sobre la exigibilidad del principio de culpabilidad en materia de infracciones administrativas.